Siempre habrá tiempo para criticar las medidas impopulares de los gobiernos y más si las misma las adopta un gobierno socialista como el que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Pero éste no es el caso. Para lo que no hay realmente tiempo es para seguir haciendo la vista gorda y pasar de largo ante la previsible insostenibidad del sistema de las pensiones que, según los expertos, al ritmo que vamos no habrá quien pague las pensiones de los que hoy nos encontramos en edad laboral.
El argumento de los partidos colocados más a la izquierda del PSOE es sumamente válido, pero carece de fundamentos cuando nos enfrentamos ante los datos estadísticos que nos arrojan día tras día los expertos en el tema. Las conquistas sociales como la jornada de ocho horas o la propia jubilación a los 65 años son logros innegables del estado social en el que vivimos. Son derechos que adquirieron para las generaciones presentes y futuras los que lucharon hace décadas por las libertades y los derechos sociales en el período de la Transición.
Sin embargo, todo eso que nos ha servido y que han conseguido los históricos de las luchas sociales tiene, necesariamente, que ser revisado. Revisado no porque, como algunos aquivocadamente argumentan, se nos supriman derechos, sino porque para seguir manteniendo los mismos derechos hay que hacer un acto de sacrificio en momentos de crisis. Y no sólo porque sean momentos de crisis, sino porque hablamos de nuestro futuro.
En 1975, por ejemplo, la media de edad en la que un jubilado percibía una pensión se situaba en 5 años. En la actualidad esa media ha aumentado hasta los 15 años. Por tanto, se ha triplicado a razón de que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en España.
La derecha, por su parte, es que no tiene argumento alguno que defender. Están abonados al cupón del NO. Y como dijo el ministro Blanco, a Rajoy lo tendíamos que incluir en la Generación NI-NI porque ni trabaja ni colabora ni ayuda. Su misión es conseguir el mayor rédito electoral así sea a costa no apoyar ningún gran pacto de estado.
Los datos son claros. Si miramos la tabla de previsiones diseñada para explicar la necesidad del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años nos encontramos con que de los más de 8.600.000 jubilados de 2010 en 2020 pasaremos a la cifra de 10.100.000. Pero en 2030 aumentará hasta los 12.500.000 y en 2040 habrán más de 15.300.000 jubilados. En sólo diez años (de 2030 a 2040) habrá aumentado en más de cuatro millones la cantidad de jubilados. Y ya en 2050 la cifra se acercaría a los 18.000.000.
La Agencia Social Europea, en el marco de la llamada Estrategia de Lisboa, aprobada en el Consejo Europeo de 2000, celebrado en Lisboa bajo la presidencia de turno portuguesa, marcó las líneas y los objetivos de las políticas sociales europeas para los próximos diez años. Llegado el 2010 el Consejo Europeo aprueba la Estrategia 2020, en la que se enmarca El Libro Verde de las Pensiones "en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros".
Ya en el informe que la Comisión del Pacto de Toledo elaboró en 2003 se puso de relieve que la mayoría de los estudios y proyecciones sobre la evolución demográfica en España, tanto a medio como a más largo plazo (a partir de 2049), se refleja una disminución de la tasa de natalidad que se verá acompañada de un aumento de la esperanza de vida al nacer, lo que traerá como consecuencia un envejecimiento de la población. "Con carácter orientativo cabe anticipar que, a día de hoy, la esperanza de vida (no al nacer, sino una vez cumplidos 65 años) es de 19,1 años más para los varones, y de 23,1 años más para la mujeres. A partir de 2048 se calcula que la esperanza de vida se incrementará hasta alcanzar 21,9 años en los hombres y 26,15 en las mujeres. Para 2060 la esperanza media de vida al alcanzar los 65 años crecería, aproximadamente en 2 años más para ambos sexos" (Borrador definitivo del Pacto de Toledo).
Estos datos son más que suficientes para asumir la responsabilidad de resolver el problema futuro de las pensiones. Si se mantiene esta tendencia sin atajarla el sistema de pensiones entraría en déficit en 2023. Pero, además, la cuestión está en que el aumento de la edad de jubilación no afecta a todos los jubilados por igual. Sólo será obligatoria, de llegar a aprobarse, a partir de 2025, empezando a darse de una forma gradual desde 2013. No afectará a las pensiones de viudedad ni a las pensiones no contributivas y el acceso a la jubilación anticipada para las profesiones de mayor riesgo se seguirá manteniendo.
La irresponsabilidad de la oposición es mayúscula y no refleja más que una acción desesperada por arañar votos y descalificar en todo momento las acciones del Gobierno de España, que son las correctas si atendemos a la realidad socio-económica actual.
La supresión de derechos que alegan los partidos de izquierda no es tal, no es real. Se han dado unas nuevas situaciones que condicionan la acción efectiva del Gobierno y han hecho, desgraciadamente, cambiar el programa electoral. Pero eso es gobernar; tomar decisiones aveces duras y no vivir en los mundos de yupi. Un Gobierno que ha invertido en dependencia, que ha aliviado las cargas de muchas familias al entregar en los tiempos de bonanza económica el cheque-bebé, con el fin último de incentivar la natalidad. Un gobierno que ha aumentado en más de un 23% el poder adquisitivo de los pensionistas cuando en los ocho años de Aznar esa cifra no se acercó ni al 5%.
Es un gobierno socialista, un gobierno social al que en estos momentos le ha tocado las vacas flacas. Pero es de buen ciudadano arrimar el hombro, es de buen español remar juntos río arriba hasta llegar, aunque cueste, aunque a nosotros mismos nos cueste.
El argumento de los partidos colocados más a la izquierda del PSOE es sumamente válido, pero carece de fundamentos cuando nos enfrentamos ante los datos estadísticos que nos arrojan día tras día los expertos en el tema. Las conquistas sociales como la jornada de ocho horas o la propia jubilación a los 65 años son logros innegables del estado social en el que vivimos. Son derechos que adquirieron para las generaciones presentes y futuras los que lucharon hace décadas por las libertades y los derechos sociales en el período de la Transición.
Sin embargo, todo eso que nos ha servido y que han conseguido los históricos de las luchas sociales tiene, necesariamente, que ser revisado. Revisado no porque, como algunos aquivocadamente argumentan, se nos supriman derechos, sino porque para seguir manteniendo los mismos derechos hay que hacer un acto de sacrificio en momentos de crisis. Y no sólo porque sean momentos de crisis, sino porque hablamos de nuestro futuro.
En 1975, por ejemplo, la media de edad en la que un jubilado percibía una pensión se situaba en 5 años. En la actualidad esa media ha aumentado hasta los 15 años. Por tanto, se ha triplicado a razón de que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en España.
La derecha, por su parte, es que no tiene argumento alguno que defender. Están abonados al cupón del NO. Y como dijo el ministro Blanco, a Rajoy lo tendíamos que incluir en la Generación NI-NI porque ni trabaja ni colabora ni ayuda. Su misión es conseguir el mayor rédito electoral así sea a costa no apoyar ningún gran pacto de estado.
Los datos son claros. Si miramos la tabla de previsiones diseñada para explicar la necesidad del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años nos encontramos con que de los más de 8.600.000 jubilados de 2010 en 2020 pasaremos a la cifra de 10.100.000. Pero en 2030 aumentará hasta los 12.500.000 y en 2040 habrán más de 15.300.000 jubilados. En sólo diez años (de 2030 a 2040) habrá aumentado en más de cuatro millones la cantidad de jubilados. Y ya en 2050 la cifra se acercaría a los 18.000.000.
La Agencia Social Europea, en el marco de la llamada Estrategia de Lisboa, aprobada en el Consejo Europeo de 2000, celebrado en Lisboa bajo la presidencia de turno portuguesa, marcó las líneas y los objetivos de las políticas sociales europeas para los próximos diez años. Llegado el 2010 el Consejo Europeo aprueba la Estrategia 2020, en la que se enmarca El Libro Verde de las Pensiones "en pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros".
Ya en el informe que la Comisión del Pacto de Toledo elaboró en 2003 se puso de relieve que la mayoría de los estudios y proyecciones sobre la evolución demográfica en España, tanto a medio como a más largo plazo (a partir de 2049), se refleja una disminución de la tasa de natalidad que se verá acompañada de un aumento de la esperanza de vida al nacer, lo que traerá como consecuencia un envejecimiento de la población. "Con carácter orientativo cabe anticipar que, a día de hoy, la esperanza de vida (no al nacer, sino una vez cumplidos 65 años) es de 19,1 años más para los varones, y de 23,1 años más para la mujeres. A partir de 2048 se calcula que la esperanza de vida se incrementará hasta alcanzar 21,9 años en los hombres y 26,15 en las mujeres. Para 2060 la esperanza media de vida al alcanzar los 65 años crecería, aproximadamente en 2 años más para ambos sexos" (Borrador definitivo del Pacto de Toledo).
Estos datos son más que suficientes para asumir la responsabilidad de resolver el problema futuro de las pensiones. Si se mantiene esta tendencia sin atajarla el sistema de pensiones entraría en déficit en 2023. Pero, además, la cuestión está en que el aumento de la edad de jubilación no afecta a todos los jubilados por igual. Sólo será obligatoria, de llegar a aprobarse, a partir de 2025, empezando a darse de una forma gradual desde 2013. No afectará a las pensiones de viudedad ni a las pensiones no contributivas y el acceso a la jubilación anticipada para las profesiones de mayor riesgo se seguirá manteniendo.
La irresponsabilidad de la oposición es mayúscula y no refleja más que una acción desesperada por arañar votos y descalificar en todo momento las acciones del Gobierno de España, que son las correctas si atendemos a la realidad socio-económica actual.
La supresión de derechos que alegan los partidos de izquierda no es tal, no es real. Se han dado unas nuevas situaciones que condicionan la acción efectiva del Gobierno y han hecho, desgraciadamente, cambiar el programa electoral. Pero eso es gobernar; tomar decisiones aveces duras y no vivir en los mundos de yupi. Un Gobierno que ha invertido en dependencia, que ha aliviado las cargas de muchas familias al entregar en los tiempos de bonanza económica el cheque-bebé, con el fin último de incentivar la natalidad. Un gobierno que ha aumentado en más de un 23% el poder adquisitivo de los pensionistas cuando en los ocho años de Aznar esa cifra no se acercó ni al 5%.
Es un gobierno socialista, un gobierno social al que en estos momentos le ha tocado las vacas flacas. Pero es de buen ciudadano arrimar el hombro, es de buen español remar juntos río arriba hasta llegar, aunque cueste, aunque a nosotros mismos nos cueste.
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