La situación del Partido Revolucionario Dominicano es dramática. Unas pugnas
internas, que tienen muchos tintes personales, se han adueñado de la normalidad
del partido democrático más importante de la República Dominicana.
El partido que ha dado más
presidentes de la República (Bosch, Guzmán, Majluta, Jorge Blanco, Mejía); el partido
cuyos cientos de dirigentes han liderado la lucha antitrujillista, tanto en el
exilio como tras su vuelta al país con la oposición frontal al gobierno
fascista de Joaquín Balaguer; el partido que llamó al pueblo a las calles en
1965 por la defensa de la Constitución de 1963, violada tras el golpe de estado
contra la democracia, perpetuado por las huestes conservadoras instaladas en
los cuarteles militares y las oficinas de los poderosos del país.
El Partido del Pueblo y de la
Libertad se enfrasca en una pugna interna que no es otra cosa que una lucha por
el control de la organización. Una lucha que a la militancia, a los que hacemos
que cada día el partido sea más grande, los que nos dejamos la piel en cada
proceso electoral, los que estamos cada día con los compañeros y compañeras en
las ciudades, los pueblos, los pequeños municipios, en los barrios y en las
seccionales del exterior, nos avergüenza.
Una pugna interna que asquea a
cualquier demócrata porque las formas autoritarias con las que se dirimen las
desavenencias nos recuerdan a tiempos pasados y a cánceres que deberían estar
superados en pleno siglo XXI.
El PRD se ha instalado en una
lucha entre caciques que no tiene más objetivo que disponer a su antojo de la
voluntad de aquellas y aquellos que depositamos nuestra confianza en los
líderes de la institución. El PRD se ha convertido en un partido sin proyecto
social creíble, porque no nos ocupamos de explicarle a la militancia y a la
sociedad en general cuál es nuestro proyecto de país, qué es lo que queremos
brindar al pueblo dominicano.
El PRD se aleja cada día más de las
posturas socialdemócratas que lideran países como España o Francia, donde hay
unos partidos socialistas con unas claras convicciones progresistas que dentro
del PRD parecen imposible instaurar, debido al grado de conservadurismo que se
ha adueñado de la dirección. Y se aleja de las posiciones que deberíamos
abrazar con los ejemplos latinoamericanos de Brasil, Argentina o la propia
Venezuela. Si somos izquierda hagamos izquierda. Pero es que a veces ni
siquiera sabemos lo que somos.
Un ejemplo claro de eso es la
vergonzante “cuota femenina” del 33%, una cuestión que ya debería estar
eliminada en favor de la paridad total entre hombres y mujeres, otorgando a
estas últimas el 50% de los cargos de dirección y de representación política, ya
que incluso es el voto femenino el que hace ganar al PRD elección tras
elección. Si somos progresistas apliquemos las políticas progresistas. Pero no,
preferimos desgañotarnos una y otra vez.
Esta es la enésima vez en la que
el PRD se enfrenta contra el PRD. Un ejemplo devastador para la sociedad que
nos llevará sin duda a una profunda depresión política, y quizá a una nueva
escisión, con los trastornos que eso produce y que conocemos bien.
El PLD, el PRI, el BIS y el PRSD
son escisiones de nuestro partido que se dieron porque en su momento quienes
dirigían el partido no supieron manejar esas crisis internas, lo que dio con la
creación de otros partidos independientes, uno de los cuales, el PLD, ha pasado
del sospechoso marxismo de Juan Bosch a las posiciones más conservadoras de la
derecha dominicana, y que se perpetúa en el poder gracias a las mañas
aprendidas por sus dirigentes, heredadas del sanguinario Balaguer.
Yo no voy a entrar en
valoraciones apasionadas. No voy a defender ni a unos ni a otros. Voy a hablar
de mi partido, que es lo que realmente me importa, y haré un análisis jurídico de
lo que representa esta nueva expulsión dentro del seno del PRD.
Lo primero que hay que decir es
que me gustaría leer íntegramente la resolución salida del seno de la Comisión
Nacional de Disciplina para conocer cuáles son los argumentos jurídicos que se
han aplicado en la sanción impuesta a Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando
Jorge Mera y Geanilda Vásquez.
Leyendo los Estatutos del partido,
de lo primero que uno se da cuenta es de que los mismos adolecen de una serie
de aclaraciones que son necesarias para la comprensión correcta del texto. Es
decir, que el mismo menciona figuras orgánicas que luego no son explicadas
específicamente ni su razón de ser ni la función que desempeñan. Por lo que es
fácil concluir que los Estatutos del PRD necesitan una profunda revisión para
su modificación inmediata y la subsanación de esos defectos de forma.
Cuando vamos al Capítulo XI,
referido a las Comisiones de Control y los Consejos de Disciplina, lo primero
es que en el mismo no se explica qué es una Comisión de Control. Lo que hace el
artículo 42 es decir que existirá ese organismo junto al del Consejo de
Disciplina, para luego pasar los siguientes artículos a describir cómo se
integran, cómo se eligen, cuáles son sus atribuciones, etc.
Lo mismo pasa con los Consejos de
Disciplina: no se explica lo que son, pero inmediatamente después le asigna
funciones a desarrollar. Se establecen una serie de faltas y unas sanciones, y
precisamente ahí es donde está el problema más grave, ya que no se establece
una graduación de las faltas (por poner un ejemplo, no se definen cuáles son faltas
graves y cueles son faltas leves), a pesar de que el artículo 52 dice
expresamente “según la gravedad de la falta los Consejos de Disciplina impondrán las
sanciones siguientes”.
Y yo me pregunto ¿cómo conocen
los fiscales del Consejo de Disciplina la gravedad de una falta si no está
preestablecida? ¿Cómo se puede sancionar un hecho que no guarda correspondencia
legal con ninguna falta? Es algo incomprensible y que choca frontalmente con el
Principio de Legalidad y afecta enormemente a la seguridad jurídica.
Además lo que dice el artículo 51
cuando se refiere a que “son faltas
sujetas a juicio disciplinario en el Partido, entre otras, las siguientes” es un caso insólito. ¿Cómo que “entre
otras”? ¿Cómo es posible que un partido político con la trayectoria del PRD se
permita amparar la inseguridad jurídica en el propio instrumento por el que se
rige, que son sus Estatutos, con tantos prestigiosos abogados que tenemos en la
dirección del mismo? ¿Cómo es posible que se dé carta blanca a un Consejo para considerar
cualesquiera razones como faltas y así crear un amplio abanico de posibilidades
de sanciones que llegarían hasta el infinito?
Las faltas deben estar
establecidas con la graduación de la gravedad que les corresponda. Eso en la
República Dominicana o en la Conchinchina. Y sus sanciones deben ser las que
correspondan a esa gravedad. Un partido político no es un relajo, es un
instrumento de la democracia y debe ser ejemplo para la sociedad. Debe
practicar lo que defiende, y si el PRD defiende la legalidad, la justicia social,
la libertad, la democracia, debe aplicarlas dentro de sus filas antes de salir
a pregonarlas.
A la espera estoy de conocer cuáles
son los argumentos que se han utilizado para expulsar a perpetuidad a Hipólito
Mejía y a Andrés Bautista del Partido, y cuáles son los que se han utilizado para que Jorge Mera y Geanilda
Vásquez sean suspendidos durante dos años. Porque el argumento de que han
“cometido actos de indisciplina” no es válido si no se especifican cuáles son
esos actos.
No se puede juzgar a nadie si no
existe ley, reglamento o mandato previo que lo establezca. En eso se basa la
legalidad. Actos de indisciplina ¿en qué consisten los actos de indisciplina?
Alguien debe explicarlo, aunque pueda parecer obvio. Los estatutos deberían
recoger la definición que considera el Partido de lo que son “actos de
indisciplina” para establecer si la discrepancia o el enfrentamiento interno
encajan con lo que el Consejo ha determinado que son “actos de indisciplina” en
el caso de estos cuatro dirigentes.
Fuera de estos supuestos de
“actos de indisciplina”, que como digo no sabemos qué son, no veo ninguna razón
con peso jurídico que haga que el Consejo de Disciplina sancione tan gravemente
a los cuatro dirigentes mencionados. Ha habido un juicio sumario en el que los
únicos que salen perjudicados son los militantes.
¿Cómo se establece la gravedad de
una falta si ni siquiera se ha regulado la existencia de la gravedad de esas
faltas? Esto no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Debe haber un
fundamento jurídico que lo sustente. Y no lo veo por ninguna parte por lo que
vuelvo a repetir: no hay una relación entre las supuestas faltas y las
sanciones a aplicar, que por demás se han aplicado de forma arbitraria por no
cumplirse el Principio de Legalidad. Y un instrumento como unos Estatutos no
pueden ser interpretados al antojo de quien ostente el poder en un momento
determinado.
Hipólito Mejía no es un
cualquiera. Fue Presidente de la República Dominicana representando las siglas
del PRD. Andrés Bautista no es un cualquiera, fue Senador de la República y
Presidente del Senado. Son personalidades importantes de nuestra institución y
de la República y merecen un respeto, por más pugnas internas que haya, que
deben resolverse tranquilamente en el patio de nuestra Casa Nacional, y no
haciendo un circo mediático que lo único que hace es restarnos credibilidad y
lo que demuestra al país y al mundo es que no estamos capacitados para llevar
las riendas de esta Nación, que tanto necesita de un cambio social y un
enderezamiento institucional.
Espero que superemos esta crisis,
y que el próximo proceso democrático se desarrolle con la mayor libertad, por
el bien del PRD si queremos volver a gobernar y dar el giro positivo que
necesita la República Dominicana.
